UGT valora la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013, de 14 de marzo (BOE núm. 86, de 10 de abril de 2013) que declara la inconstitucionalidad y nulidad de las reglas que establecen cómo computar los periodos de cotización en los contratos a tiempo parcial para poder causar derecho a una pensión del sistema de Seguridad Social.

El sindicato considera que esta legislación es discriminatoria, injusta e insolidaria. El sindicato urge la convocatoria de la comisión de seguimiento del sistema público de pensiones para debatir esta cuestión con los interlocutores sociales, así como la de la Comisión del Pacto de Toledo.

El Tribunal Constitucional, resolviendo la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, declara que la forma de calcular los periodos de cotización en los contratos a tiempo parcial para causar derecho a las diferentes prestaciones del sistema aplicable a los trabajadores, vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, tanto por lesionar el derecho a la igualdad, como también, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo, por perjudicar a un número mucho mayor de mujeres que de hombres (en torno al 80% del total de trabajadores asalariados a tiempo parcial en España son mujeres).

UGT considera que el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 aprobado hoy en Consejo de Ministros supone una ruptura en la protección que de este derecho se estaba realizando a través de los anteriores planes de vivienda. El Gobierno vuelve a aprovechar la situación de crisis para recortar, mercantilizar y liberalizar las ayudas de vivienda, abriendo la posibilidad de financiación privada para las actuaciones de rehabilitación y regeneración de viviendas y suprimiendo partidas destinadas a este sector. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado también el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que para UGT resulta insuficiente para crear empleo e iniciar un cambio de modelo productivo más sostenible, por lo que demanda la potenciación de esta actividad, un mayor fomento del alquiler y la incorporación al ordenamiento jurídico del derecho a la vivienda en situaciones de necesidad, entre otras cuestiones.