Para UGT, el plan del Gobierno es, en esencia, un intento de "lavar su imagen" tras la aprobación de una amnistía fiscal profundamente injusta que premia a los defraudadores. El sindicato reitera la necesidad de abordar una reforma integral del sistema fiscal, que mejore su potencia recaudatoria, su equidad y progresividad, y tapone los agujeros existentes para el fraude penalizando con contundencia y severidad las conductas insolidarias con más recursos y normas más incisivas.

Constituye una iniciativa profundamente injusta, que genera agravios comparativos con los contribuyentes cumplidores, ineficaz (como lo fueron las amnistías aprobadas anteriormente por otros gobiernos), y demoledora para la conciencia tributaria de los ciudadanos. Es incoherente adoptar una iniciativa que permite legitimar el fraude de todo tipo (actividades delictivas incluidas) de los últimos 20 años para luego intentar transmitir la idea de que se va a luchar contra esas actividades fraudulentas. El mensaje ha sido nefasto y sus consecuencias pueden ser graves y duraderas.